Kevin Sánchez Saavedra

¿Representan los migrantes asentados en Panamá una competencia para los nacionales? ¿Nos quitan los empleos? En cierto sentido la respuesta es sí. Sí son competencia para los panameños en búsqueda de empleos, aunque decir que nos quitan los empleos es una afirmación que tiende a ignorar tres aspectos fundamentales relacionados con las respuestas a estas preguntas.

En primer lugar, todo ser humano tiene derecho al trabajo, y un trabajo digno. No al engaño y explotación a que muchas veces son sometidos los migrantes pobres, ya sea aquí o en distintas partes del mundo, por carecer de documentos. El derecho al trabajo es un derecho universal: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo" (Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23.1). Por lo tanto, mal podríamos negar ese derecho a las personas migrantes.

En segundo lugar, es deber del Estado garantizar empleos a sus ciudadanos. Así lo establece la Constitución Nacional panameña en su artículo 60: "El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y, por lo tanto, es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa". Si no hay empleo ha sido porque los distintos gobiernos que han desfilado por este país no han sabido, no han podido, o en el peor de los casos, no han querido establecer y desarrollar una política de generación de empleos, tal como establece la Constitución.

En tercer lugar, todos los panameños y ciudadanas de este país estamos realmente hartos e indignados por los cada vez más seguidos, evidentes e impunes actos de corrupción a distintos niveles dentro de los gobiernos (son tantos que no hay espacio para colocarlos todos); de los reconocidos despilfarros en la administración pública (caso de viajecitos en "pro de la nación"); y de millonarias exoneraciones a "necesitadas" empresas (Panama Ports Company o Figali Convention Center, por ejemplo).

Además, existe una gran disparidad en los salarios, donde hay una minoría que, en promedio, tiene un salario mensual de aproximadamente 2,000 balboas (indaguen cuánto ganan los diputados, los ministros, los magistrados, los altos funcionarios de la ACP, los representantes de los organismos internacionales y altos empleados de compañías transnacionales) y una mayoría que intenta mal subsistir con menos de 400 balboas mensuales (dénle un vistazo a un reciente informe de la Contraloría General de la República).

Ante todo este panorama, vuelvo a preguntar: ¿Los migrantes son los que realmente nos quitan los empleos? Más bien parece que afirmar tal premisa, no sólo es manifestación de una evidente xenofobia, sino también es una excusa, una cortina de humo para desviar la atención de las reales causas del desempleo en Panamá.
El autor es antropólogo social