Rafael Luna Noguera 

Una gota de sangre, una huella y hasta un insignificante y microscópico vello pueden marcar la diferencia entre el encarcelamiento o la liberación de un asesino. Y eso es así desde hace muchos años.

Pero a partir de 2009, cuando entre en vigencia el nuevo sistema acusatorio, la manera como se procesen y se presenten esas evidencias en los juicios será lo que marque la diferencia, y de allí la trascendencia que adquirirán en la investigación criminal tanto los peritos médico-forenses como los peritos criminalistas.

No es que esos expertos no sean ya de singular importancia dentro de los procesos judiciales, pero a partir del próximo año su participación será de mucha más relevancia, y de su idoneidad dependerá la estabilidad del propio sistema.

Dentro del nuevo sistema acusatorio, la opinión de los peritos oficiales –es decir, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imel)– podrá ser refutada por los planteamientos de otros expertos contratados por la defensa de los imputados.

Como explicó Joaquín Lucena Romero, jefe del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, España: “el sistema acusatorio parte de la base de la contradicción. Se caracteriza porque hay una persona que acusa y otra que se defiende; y esta controversia entre las partes es lo que finalmente hace que el juez tome una decisión que se plasma en una sentencia”.

En función de esto, precisó que “en el sistema acusatorio la opinión de los peritos ya no es un dogma de fe; [por el contrario], puede ser contrastada y sometida a controversia [y de allí] la importancia de que se establezca un buen sistema de medicina legal oficial, porque si no es así, la pericia privada puede anteponer su tesis a la pericia oficial, lo que sería terrible para el sistema judicial”.

De acuerdo con la experiencia española, donde el sistema acusatorio rige desde el siglo XVIII, la “contra pericia” o las pruebas aportadas por la defensa de los imputados no ha comprometido aún la estabilidad de ese sistema de justicia. “Esa es la bondad del sistema acusatorio, un sistema que mejora porque hace que los peritos tengan también una mejor formación. El que uno pueda ser sometido a controversia y el que nuestros dictámenes puedan ser sometidos a un contra peritaje, hace que uno esté mucho mejor”, acotó.

La experiencia local

Pero, ¿están los peritos panameños preparados para enfrentar el reto? Según el director del Servicio de Criminalística del Imel, Abdiel Rentería, sí, aunque igualmente se hacen esfuerzos para seguir capacitándolos. Según Rentería, la relevancia de los peritos dentro del sistema acusatorio está en que este se sustenta más en pruebas que en testimonios.

Por ello, lo más importante dentro del sistema mismo es la cadena de custodia de las evidencias o pruebas, a través de las cuales se puede demostrar la imputabilidad o no de una persona en un crimen.

“La cadena de custodia es una herramienta que permite mantener el origen de todo elemento de prueba que sea encontrado y recolectado en la escena de un crimen o que pueda ser recolectado por un médico forense a través de un análisis o de una necropsia. Lo más importante en esta cadena es la seguridad; es decir, que desde el mismo momento en que se recoja ese elemento de prueba, se le embale adecuadamente”.

Rentería explicó que los únicos autorizados para abrir esos embalajes son los peritos calificados. Lo contrario, dijo, violentaría la seguridad de la muestra y comprometería la validez de dicha prueba en el desarrollo de un juicio.

La única excepción, indicó, son los policías que se encuentran en lugares muy apartados, y aún así debe pedir autorización y justificar previamente el porqué de la recolección de esa evidencia.

Por ejemplo, dijo, “cuando un policía recoge un arma en la escena de un crimen, lo que hace es propiciar que esa arma no pueda ser usada en un eventual juicio”.

Según el funcionario, el Imel cuenta con 260 peritos en el país, y se prevé que para el 2010 tenga unos 400. Los expertos asignados a las provincias centrales, donde en 2009 arranca la implementación del sistema acusatorio, tienen prioridad en materia de capacitación.



Medicina forense: ‘un observatorio privilegiado’

Joaquín Lucena, jefe del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, España, explicó que, aunque la medicina y el derecho vienen unidos desde hace varios siglos, en la actualidad ha habido una suerte de repunte en las actividades de los peritos médicos, debido a que cada vez son más las materias jurídicas que tienen una base biológica.

Y como los jueces no tienen los conocimientos técnicos, agregó, cada vez más necesitan asesores o expertos que les digan lo que no saben.

Pero más allá de esa relación estrecha, destacó que la labor de los peritos médicos ha trascendido incluso la administración de justicia y hoy juega un papel preponderante dentro de la sociedad. Según Lucena, al menos el 50% de las autopsias que realizan actualmente los médicos forenses –en España y en Panamá– tiene que ver con muertes naturales o sospechosas de criminalidad, que es cuando una persona aparentemente sana fallece de forma súbita. “Esto tiene una trascendencia social muy importante, pues permite valorar las causas de muerte de una población; es decir, nosotros somos un observatorio privilegiado para valorar el porqué las personas se están muriendo”, dijo.