Hay leyes o normas jurídicas que generan grandes debates y otras casi pasan inadvertidas, a veces se dice que todo depende de quién tenga que cumplirlas.

Una de esas leyes que ha generado grandes y encendidos debates, es la conocida "Ley Faúndes", esta limita la participación activa del ciudadano, a partir de los 75 años, en las actividades laborales.

He leído, con detenimiento, una serie de opiniones, a favor y en contra, en donde se ha esgrimido una pluralidad de razones, resaltándose las de derecho laboral y social, no faltando las de tipo filosófico.

Lo cierto es que nadie puede negar el derecho al trabajo digno que tenemos todos los ciudadanos de esta bella nación, igual es innegable la experiencia existente en las personas después de mucho bregar en la vida, sobre todo aquéllos que dedicaron gran parte de su existencia a su formación humanística, científica y tecnológica.

Al referirme a esta realidad quiero pedir disculpas a muchas personas mayores, que por su formación y experiencia, laboran en nuestra sociedad y que con este trabajo sostienen a sus familias y me opongo a que una ley vulnere el derecho al trabajo que tenemos.

Mi planteamiento se enfoca, a hacer una crítica, a aquellos adultos mayores, que son jubilados, pensionados, que son docentes en dos, tres universidades o rectores de las mismas, que son asesores de instituciones públicas, diputados, devengando en todos estos lugares jugosos salarios. Si a éstos se les aplica la mencionada ley, no se les estaría vulnerando su derecho al trabajo, se estará protegiendo el derecho al trabajo de muchos compatriotas que hoy, gracias al acaparamiento de unos, son desempleados.

En el aspecto experiencial, creo que muchos nos hemos encontrado en claustros universitarios, instituciones, seminarios, con estos adultos mayores, percibiéndose tan cansados, extemporáneos, que duermen en horas clases, llegan tarde a todo, se van antes de todo, puesto que deben correr de un lugar para otro. En las universidades se destacan por el "saquen copias", puesto que no preparan clases, de tal forma que la experiencia no llega como se espera de estas personas.

Me opongo a que personas jubiladas -sobre todo con jugosas jubilaciones- sigan laborando, sobre todo teniendo hasta cuatro trabajos, puesto que limitan la inserción social, laboral, de los más jóvenes.

Mi opinión, puede parecer injusta, pero solicito que se medite, puesto que al tener tres o más trabajos, fuera de la jubilación, quita la oportunidad y vulnera al derecho al trabajo que tenemos otros, sobre todo de aquella parte joven, que se ha esforzado por alcanzar éxitos académicos (licenciaturas, maestrías, posgrados) y que merecen una oportunidad laboral. Sea lo que fuere, ya el adulto mayor, dio su aporte al país, lo valoramos y le agradecemos su dedicación y su altruismo por esta patria, que es de todos y en la que todos tenemos los mismos derechos.

La ley debe prohibir que en nuestra sociedad haya ciudadanos con tres o más trabajos, mientras otros carecen de lo elemental o que haya compatriotas devengando jugosos salarios, mientras que otros ni siquiera llegan al mínimo establecido por la ley.

No estoy en contra del derecho al trabajo, estoy en contra del acaparamiento, no soy irreverente con el adulto mayor, solo le pido que le dé oportunidad a la parte más joven de esta sociedad, no niego su experiencia o sabiduría, niego la ingenuidad con que muchos quieren que veamos las cosas.

Solo propongo que en Panamá haya oportunidad para todos.

¿Quiénes defienden la ley? Aquéllos que viven la realidad planteada, no hay que mencionar nombres, aquí hay conciudadanos devengando 2, 3, 4 mil dólares o más y son rectores de universidades privadas o públicas o docentes universitarios y, para colmo, son diputados y jubilados como ministros o viceministros, entre otros. ¿Por qué no se quedan con un solo trabajo?

Valoramos sus conocimientos, experiencia, pero rechazamos su sentido de acaparamiento, su falta de sentido común y su escasa justicia social.

El autor es ciudadano panameño