José Miguel Guerra M.

La soberbia y la anarquía son cosas que en un sistema democrático no se deben permitir, ello nos lleva irremediablemente a un estado totalitario o personalista, donde la democracia que atrás. Aunque con buenas intenciones pero carentes de todo sustento legal, la pretensión de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, más que propiciar la prístina aplicación de justicia en nuestro país, lo que hace es un llamado a la anarquía y a la aparición de tribunales inquisidores dignos de la Iglesia católica de la edad media.

Julián Morán

La gente, el pueblo, el acusador y acusado, siempre dicen que tienen la razón, puesto que, todos tienen derechos o que los otros tienen la culpa. La misión del juzgador: Hacer justicia aunque se hunda el firmamento.

Eduardo L. Lamphrey J. III

Nuestra primera casa de estudios es la rectora de los estudios universitarios en nuestro país y es ella quien da, dirige y organiza los mismos, acorde con las necesidades nacionales y exigencias del mercado. Según nuestra Constitución, en el artículo 99, es la Universidad Oficial del Estado la que expide los títulos académicos y profesionales y garantiza su reconocimiento, y a su vez, es la encargada de fiscalizar a las universidades privadas y garantizar los títulos expedidos por éstas, de allí cabe preguntarnos: ¿si la Universidad de Panamá (UP) es la rectora académica en materia profesional, algún otro organismo puede encargarse de las funciones académicas que por naturaleza a este centro de estudios le corresponden? Definitivamente no. La formulación de un examen de suficiencia profesional por parte de una junta examinadora, el exigir al licenciado en derecho pertenecer a un colegio de abogados para poder aspirar a la idoneidad para el ejercicio de la profesión, formular un ítem, con un mínimo de 5000 preguntas y otro mínimo de 100 para el examen, entre otras irregularidades que presenta dicho proyecto, son propuestas totalmente improcedentes, discriminatorias e inconstitucionales.